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Política

Aprueban en Comisiones del Congreso, reformas al Código Penal para tipificar y endurecer las penas contra el maltrato animal

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En sesión pública virtual de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Congreso del Estado, se aprobó por mayoría de votos el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado, en materia de protección animal.

 

El objetivo del Dictamen, formulado con las Iniciativas presentadas por la diputada Nora Merino Escamilla y el diputado Juan Pablo Kuri Carballo, es incrementar las sanciones a quien realice actos de maltrato o crueldad animal con la intención de ocasionar dolor, sufrimiento o afectar su bienestar.

 

Así como tipificar la conducta por privar de la libertad a cualquier animal de compañía, con el propósito de obtener un rescate o beneficio económico.

 

En este sentido las diputas Nora Merino Escamilla y María del Carmen Cabrera Camacho explicaron que el Dictamen tipifica y sanciona los actos de quienes priven arbitrariamente la libertad de cualquier animal de compañía, con el fin de apropiarse de él sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer del animal, estableciendo de seis meses a dos años de prisión y de 100 a 250 unidades de medida y actualización.

 

Asimismo, puntualizaron que a quien prive arbitrariamente de la libertad de cualquier animal de compañía por cualquier lapso, solicitando a cambio de su libertad un beneficio económico o en especie, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y de 200 a 500 unidades de medida y actualización vigente.

 

Las legisladoras dieron a conocer que las reformas y adiciones al Código Penal establecen la ampliación de sanciones para los casos en que este tipo de conductas antisociales sean cometidas a través de medios violentos como armas y explosivos, a fin de tener una sanción ejemplar que logre combatir con mayor eficacia la propagación de este tipo de conductas delictivas.

 

Durante la discusión del Dictamen, las y los diputados Marcelo García Almaguer, Mónica Lara Chávez, Olga Lucía Romero Garci Crespo e Iliana Paola Ruíz García externó su apoyo, ya que consideraron que brinda las herramientas jurídicas necesarias a las autoridades encargadas de la procuración de justicia en la entidad, al tipificar y establecer sanciones con el fin de combatir y erradicar el maltrato animal.

 

Por su parte, las diputadas Rocío García Olmedo y Josefina García Hernández, tras reiterar su apoyo para legislar contra el maltrato animal, presentaron observaciones y propuestas reformatorias a los artículos 470, 472, 473 y 474 ter y 474 bis.

 

A la sesión de Comisiones Unidas, se conectaron las y los diputados María del Carmen Cabrera Camacho, Nora Merino Escamilla, Gabriel Biestro Medinilla, Olga Lucía Romero Garci Crespo, Rocío García Olmedo, Marcelo García Almaguer, Liliana Luna Aguirre, Iliana Paola Ruíz García, Raymundo Atanacio Luna, Josefina García Hernández, Mónica Lara Chávez, Juan Pablo Kuri Carballo y Carlos Alberto Morales Álvarez.

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Política

Mariana Rodríguez recibe del IMPI derechos de marca ‘Fosfo fosfo’  

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  • La solicitud de reconocimiento fue presentada en abril

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entregó la concesión de marca y logotipo de «Fosfo fosfo» a la influencer Mariana Rodríguez Cantú, esposa de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, además de también entregarle la propiedad de la marca de su nombre.

 

En el expediente 2526311, cuya copia se posee, se detalla que el pasado 6 de abril, la influencer solicitó al organismo los derechos de marca de «Fosfo Fosfo», una frase que hizo popular cuando grababa un video con su esposo y mostraba sus tenis color naranja fosforescente ignorando lo que él decía.

 

El expediente detalla que Rodríguez Cantú solicitó los derechos al señalar que ella comenzó a usar la frase «Fosfo fosfo» el 1 de octubre del año pasado, fecha en que se subió el video en su cuenta de Instagram.

 

Dos meses después de la solicitud, el 15 de junio, el IMPI entregó los derechos de concesión a Rodríguez Cantú para comercializar productos cosméticos y perfumería por 10 años, es decir, será dueña de estos hasta el 15 de junio de 2031.

 

Los expedientes 2526317 y 2526323 detallan que la esposa del próximo gobernador de Nuevo León está en espera de que el IMPI le entregue los derechos para también usar «fosfo fosfo» en la venta de prendas de vestir, calzado, sombreros, así como en publicidad, trabajos de oficina y administración de negocios.

 

A inicios de octubre del año pasado se volvió tendencia un video de Mariana Rodríguez, en el que Samuel García hablaba de sus planes y al preguntarle a Mariana cómo lo veía, ella sólo cuestiona a la ciberaudiencia e ignorando a su esposo pregunta: «¿Quieren ver mis tenis?, ¿qué tal? Fosfo, fosfo», comenta.

 

También registra su nombre como marca. Antes, en junio de 2019, Mariana Rodríguez Cantu, solicitó al Instituto el registro de su nombre completo para usarlo en publicidad, gestión de negocios comerciales, y trabajos de oficina.

 

El IMPI le otorgó los derechos de marca de su nombre el 24 de septiembre de ese mismo año, también por 10 años.

 

 

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Política

Samuel García es señalado por el INE debido a triangulación de recursos en campaña  

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Samuel García
  • El INE dijo que la campaña del gobernador electo de Nuevo León recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que Samuel García financió su campaña a la gubernatura de Nuevo León mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su madre y hermanos, así como empresas sospechosas que comparten domicilio fiscal.

 

Por esta razón, el árbitro electoral sancionó a MC con 24.9 millones de pesos, además de que pidió dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) para que abra una carpeta de investigación por este caso.

 

En este caso, el INE acreditó que la campaña del gobernador electo de Nuevo León recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, de manos de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.

 

“Se trata de un esquema de simulación o triangulación para financiar a un candidato o partido”, señaló el consejero Jaime Rivera.

 

“No queda duda de que el partido financió sus actividades ordinarias y alguna parte de gastos de campaña con recursos que no debió haber recibido. El parte se hizo de recursos mal habidos. Las campañas deben de financiarse con dinero limpio”, acusó el consejero Ciro Murayama.

 

Morena y el PRI denunciaron que este caso es un ejemplo de lavado de dinero y posible financiamiento del crimen organizado, por lo que pidieron una investigación más severa, así como dar vista al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

 

“¿Samuel García debe ser gobernador de Nuevo León? A pesar de las trampas”, cuestionó el representante de Morena, Sergio Gutiérrez.

 

“De dónde venía el dinero de esas empresas. ¿Era de su peculio? ¿Era dinero público que venía de Jalisco? ¿Era dinero del crimen organizado? ¿De dónde era ese dinero, de donde salió?”.

 

El representante del PRI, Gerardo Triana, pidió al INE que dé vista al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera que investiguen a fondo este caso.

 

“Lleguemos al origen de esos recursos que sirvieron para la triangulación que se está sancionando. No podemos quedarnos en la mera triangulación que estamos detectando, debemos ir más allá para que identifiquen el origen de estos recursos y se obre en consecuencia”, demandó.

 

Según el expediente del INE, la mamá y los hermanos de Samuel García recibieron depósitos sospechosos de empresas litigantes y de bienes raíces, que no están inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, para posteriormente donarlos directamente a las arcas del partido naranja.

 

La triangulación de recursos se descubrió gracias a una denuncia presentada por el Partido Verde, aliado de MORENA, en la cual se entregó como prueba una entrevista realizada en abril pasado a Samuel García, quien, en propia voz, admitió haber financiado su campaña con 20 millones de pesos que aportaron su mamá, sus hermanos y él mismo.

 

Lo anterior pese a que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León aprobó en enero pasado que el límite de aportaciones privadas a un candidato a gobernador debía ser de 7 millones 208 mil 634.

 

Los 14 millones 026 mil 500 pesos de financiamiento privado que detectó el INE no sólo superaron la cantidad permitida, sino que además no salieron de los bolsillos de sus familiares, sino de tres empresas privadas, de las cuales dos tienen un mismo domicilio fiscal.

 

La Unidad Técnica de Fiscalización, con el apoyo de la UIF y la CNBV, detectó que los 11.6 millones de pesos que Bertha Silvia Sepúlveda Andrade donó a su hijo fueron transferidos previamente a su cuenta por Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V.

 

En un plazo menor a 48 horas a que recibió los depósitos, Sepúlveda Andrade los donó a las cuentas de Movimiento Ciudadano con la finalidad de fondear el proselitismo de Samuel García.

 

Asimismo, halló que Silvia Catalina García Sepúlveda recibió 746 mil 500 pesos de Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y 840 mil de Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C., es decir, 1 millón 586 mil 500 pesos, los cuales se destinaron a la campaña de su hermano.

 

Roberto García Sepúlveda, por su parte, donó 882 mil 701 pesos siguiendo el mismo esquema de triangulación.

 

Mientras que Bertha Silvia Sepúlveda Andrade declaró ser ama de casa e inversora, el INE destaca sobre la hermana y el hermano de Samuel García que “la autoridad fiscal dio cuenta de la inexistencia de actividad económica alguna con base en la cual se justifique los recursos captados en sus cuentas bancarias, que finalmente, son transferidos en beneficio del partido político”, señala el proyecto de resolución del caso.

 

Asimismo, la autoridad fiscalizadora halló que Roberto Miguel García Sepúlveda no presentó declaración anual para los ejercicios 2019 y 2020, a pesar de que su actividad fiscal es declarada como socio y accionista, además de que comparte domicilio fiscal con las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V.

 

Samuel García, añade el INE, también comparte el domicilio fiscal de esas empresas.

 

Paralelo a este caso de financiamiento ilícito, el INE impuso previamente una multa a García más de 400 mil pesos y otra de 55.6 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por propaganda irregular realizada en redes sociales por su esposa, Mariana Rodríguez.

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Política

Ciudadanos en tránsito no podrán participar en la Consulta Popular: INE

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Marcos Rodríguez del Castillo
  • Entrega INE Puebla listados nominales a sus 15 Juntas Distritales para la consulta popular

 

Las y los ciudadanos que se encuentren en tránsito el próximo 1 de agosto no podrán emitir su opinión en la Consulta Popular, toda vez que no se instalarán mesas receptoras especiales, por lo que sólo se podrá participar en la mesa receptora correspondiente a su domicilio.

 

Así lo dio a conocer Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, quien añadió que sólo será posible participar en la mesa receptora que corresponde a la sección que marca la credencial para votar. Aclaró que tampoco se contempla la participación de la ciudadanía que vive en el extranjero.

 

Rodríguez del Castillo acudió a la Vocalía del Registro Federal de Electores, donde este miércoles se realizó la entrega de los listados nominales que se utilizarán en la Consulta Popular, los cuales contienen los datos de 4, 759, 751 ciudadanos.

 

En total se entregaron 2941 cuadernos a las 15 Juntas Distritales que integran el Estado de Puebla, que serán utilizados en igual número de mesas receptoras. Los listados, las boletas y el resto de la papelería se entregarán la próxima semana a cada presidente o presidenta de mesa receptora, quienes se encargarán de llevarlo el domingo 1 de agosto para la realización de la Consulta, concluyó.

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