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Impulsar la igualdad, la justicia racial y la defensa de las minorías, así como poner freno de manera inmediata a la construcción del muro fronterizo con México, entre las prioridades de Joe Biden

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Washington.- El presidente de EU, Joe Biden, que hoy asumirá el cargo en sustitución de Donald Trump, incluirá entre sus primeras órdenes ejecutivas el regreso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Acuerdo de París contra el cambio climático.

 

Impulsar la igualdad, la justicia racial y la defensa de las minorías, así como poner freno de manera inmediata a la construcción del muro fronterizo con México son los objetivos de otras medidas que, en forma de órdenes ejecutivas, directrices, memorandos o cartas, adoptará Biden una vez asuma la presidencia, dentro de tan solo unas horas.

 

Así se recoge en un comunicado difundido por el equipo de transición, donde se precisa que la nueva Administración suspenderá además el veto de entrada a residentes de ciertos países musulmanes.

 

Ayuda económica a las familias más necesitadas; refuerzo de la lucha contra la pandemia del coronavirus y de la crisis económica derivada de aquélla, figuran también en la larga lista de las que serán las primeras medidas de Biden, dirigidas «no solo a revertir los graves daños de la Administración Trump, sino también a empezar a que el país avance».

 

Sobre la OMS, el nuevo presidente quiere volver a cooperar con este organismo, que considera «fundamental» para coordinar la respuesta internacional al COVID-19, y «hacer que los estadounidenses y el mundo estén más seguros».

 

Biden reestructurará el Gobierno para coordinar una respuesta nacional unificada a la pandemia y firmará una orden ejecutiva por la que se creará el puesto de Coordinador de Respuesta al coronavirus, un alto funcionario que despachará directamente con el presidente.

 

En el ámbito de la política ambiental, el nuevo titular de la Casa Blanca firmará hoy mismo un documento para la reincorporación de EU al Acuerdo de París, así como una orden ejecutiva dirigida a abordar el cambio climático que promueva la justicia ambiental.

 

La nota de su equipo de transición dice que se trata de iniciativas dirigidas a cumplir las promesa que Biden hizo a los estadounidenses en su campaña electoral.

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Suenan las alarmas sobre el clima de negocios tras la salida de JP Morgan y otros bancos de México

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  • A pesar de que el banco de inversión estadounidense no ha declarado sus razones para cerrar sus oficinas en el país, los expertos ven su salida como una señal de la economía post pandemia

 

Más allá de las tensiones entre el sector privado y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la salida de bancos internacionales de México se debe leer como un preocupante signo de los tiempos. Agregado al hecho que López Obrador se ha enfrentado a la iniciativa privada, limitando la inversión, se están combinando varios factores que pudieran hacer de México un destino menos rentable para los bancos globales. Entre ellos, la crisis económica por la pandemia, la nueva geopolítica como se define por el acceso a las vacunas y la falta de información certera sobre el impacto en la salud de la covid-19 a largo plazo.

 

Este miércoles, la agencia Bloomberg informó que uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, JP Morgan, está en proceso de cerrar sus operaciones de banca privada en México y está refiriendo a sus clientes a BBVA. JP Morgan no ha hecho un anuncio oficial sobre su partida, por lo que se desconocen las razones. Este es el segundo mercado latinoamericano del que sale desde el año pasado, cuando cerró sus operaciones en Brasil. “Fuentes de BBVA México señalaron que JP Morgan ha identificado a BBVA México como el socio financiero para sus clientes actuales en el país”, informó BBVA en respuesta a una petición por parte de EL PAÍS, “la amplia plataforma de productos y servicios de BBVA México, alineada con su posición de liderazgo en el mercado, expertise, desempeño y solvencia financiera respaldan la decisión de J.P. Morgan de referir sus clientes locales a BBVA México”. En un correo electrónico, JP Morgan rechazó comentar sobre la noticia. La Asociación de Bancos de México (ABM) no respondió de inmediato a solicitudes de comentario en respuesta a la noticia.

 

JP Morgan, basado en Nueva York, es el tercer banco internacional en salir del país en los últimos tres meses. En diciembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó sobre el cierre de las oficinas de representación de Bank of Montreal de Canadá y el israelí Mizrahi Tefahot Bank, dos bancos de mucho menor tamaño que JP Morgan.

 

El primer gran anuncio de López Obrador en materia de inversión fue la cancelación del proyecto de infraestructura más grande de la Administración anterior, un nuevo aeropuerto internacional para la capital del país. Se cancelaron los contratos con constructoras y se negoció con inversionistas. En los últimos dos años, López Obrador ha trabajado para proteger el monopolio de las empresas energéticas del Estado, lo que ha generado incertidumbre y hasta peticiones de un cambio de rumbo por parte del Gobierno de EE UU, ya que pudiera estar en violación del tratado de libre comercio con el país, el T-MEC. El presidente se ha enfrentado abiertamente con los empresarios, a los que acusa de corrupción y de haber abusado del Estado por años a través de “contratos leoninos”.

 

La economía mexicana cayó 8,5% en 2020 y la inversión extranjera directa (IED) ha disminuido desde 2019, año en que llegó al poder López Obrador. En 2020, la caída en IED fue del 12%, según la Secretaría de Economía. Cada vez menos extranjeros invierten su dinero en bonos del Gobierno mexicano en pesos y muchos de los mexicanos más adinerados han buscado sacar sus recursos del país para protegerlo de posibles depreciaciones o inestabilidad.

 

“JP Morgan nos está diciendo que no le interesa la economía del país, aunque no sea meramente por el mal manejo del Gobierno”, dice Manuel Díaz, profesor de operaciones financieras bursátiles en la Universidad La Salle en la Ciudad de México y coautor del libro Historia de la Banca Extranjera en México. “Están dejando de ver a México como un país atractivo, y esa situación no tiene solamente que verse como una mala visión del Gobierno, sino que es de manera conjunta exacerbada por la crisis de salud mundial”, agrega.

 

Sin embargo, apunta el académico, el hecho de que JP Morgan haya salido de Brasil y México vale la pena estudiarse, ya que los mandatarios de ambos países han establecido políticas muy personales y, en algunas ocasiones, “totalmente incongruentes” que afectan a las inversiones. “Bolsonaro no ha dado rastros de que sea un estadista realmente relevante, no tiene la dirección del país, ha manejado muy mal la política económica y la pandemia, de manera pésima. Todo esto ha elevado la incertidumbre y resulta mucho mayor que los posibles rendimientos que puedan obtener”, apunta Díaz.

 

Bank of Montreal y Mizrahi Tefahot Bank son mucho más pequeños que JP Morgan y el resto de los bancos más reconocidos de Wall Street, pero que tuvieran oficinas de representación en el país era importante, argumenta Díaz. Estos tenían oficinas de representación en el país, pero sin operaciones pasivas. Cuando México abrió su economía al capital extranjero, muchos bancos abrieron espacios para captar a la banca privada, a los grandes inversionistas y a los pequeños empresarios. “Y sí es preocupante, aunque sea una oficina de representación, porque estaban aquí desde la década de los años 30, a pesar de todos los vaivenes, esperando la oportunidad para participar, y este momento no lo sobrevivieron”.

 

En todo el mundo, asegura Díaz, los bancos globales van a iniciar un proceso de reestructuración muy importante porque la pandemia sigue, a pesar de la vacunación en muchas partes del mundo, y no se sabe con certeza cuáles serán las consecuencias a largo plazo de la covid-19. “Lo que seguramente van a hacer mover sus capitales, para que les permita concentrarse en las economías más rentables”, concluye el experto.

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EE.UU. enciende las alarmas tras el aumento de las llegadas de menores no acompañados a la frontera sur  

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El creciente número de menores migrantes que llegan solos a la frontera entre Estados Unidos y México está generando alarma entre los funcionarios que luchan por encontrar suficiente espacio para albergar a los menores hasta que sean reubicados con sus padres o familiares en Estados Unidos.

 

El jueves, un alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) informó al personal del Capitolio sobre los desafíos de capacidad que enfrenta el departamento, que está a cargo del cuidado de los menores migrantes, según un asistente del Congreso.

 

Jallyn Sualog, director interino de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), compartió la preocupación por el aumento de los menores y el espacio limitado, y señaló que la capacidad de camas ronda el 90%, según un asistente.

 

Los problemas que enfrenta el departamento se ven agravados por la pandemia de coronavirus, que ha obligado a los refugios a reducir su capacidad para tener en cuenta las precauciones de COVID-19.

 

El jueves, había más de 1.200 menores no acompañados bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera suroeste, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, quien advirtió que el número fluctúa constantemente. Más de 100 menores han estado bajo custodia durante más de 72 horas, según el funcionario y una fuente con conocimiento de la situación. La mayoría de los menores tienen más de 10 años, dijo la fuente.

 

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza continúa teniendo bajo custodia a más de 300 menores no acompañados diariamente en la frontera entre Estados Unidos y México en promedio, según el funcionario de Seguridad Nacional. El miércoles, los funcionarios fronterizos arrestaron a unos 360 menores no acompañados, según un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza, quien agregó que la mayoría de esos arrestos ocurrieron en el Valle del Río Grande.

 

Los menores migrantes no acompañados son una población particularmente vulnerable y una que Estados Unidos ha luchado por abordar durante años. Las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, diseñadas para el procesamiento rápido de adultos, no están equipadas para cuidar a los menores. En cambio, son entregados al HHS, que administra una red de refugios donde permanecen hasta que son reubicados con un padre o un familiar en EE.UU.

 

«Ha habido un crecimiento significativo en el número de menores bajo custodia en el último mes, pero el número actual de menores bajo custodia no es alto en relación con varias veces durante la administración de Trump. Lo que es diferente ahora es que muchas de las camas que ORR que habían acordado estar disponibles no están disponibles debido al covid «, dijo Mark Greenberg, investigador principal del Migration Policy Institute y exfuncionario del HHS.

 

Había aproximadamente 6.800 menores bajo el cuidado de la agencia al 18 de febrero. En abril de 2019, cuando aumentaban los arrestos en la frontera, aproximadamente 8.700 menores no acompañados fueron entregados a ORR.

 

El aumento de menores que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, junto con las restricciones en la capacidad de los refugios, ha resultado en que los menores permanezcan bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza por más de 72 horas, según dos funcionarios estadounidenses.

 

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una agencia federal dependiente del HHS, abrió recientemente una instalación de sobreflujo en Texas para acomodar a los recién llegados.

 

La agencia dijo que también está autorizado que los refugios paguen las facturas de transporte de los menores, incluidos los boletos de avión, para facilitar su entrega a los patrocinadores aprobados, una medida que probablemente sea menos costosa que mantener a los niños bajo cuidado.

 

En enero, más de 5.800 niños no acompañados fueron detenidos por Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México, según los datos mensuales más recientes de la agencia. Ese es el nivel más alto desde el verano de 2019 después de la oleada de migrantes de primavera de ese año que llegaron a la frontera suroeste.

 

El número de menores migrantes no acompañados detenidos en la frontera ha seguido aumentando este mes, dijeron las autoridades. El año pasado, cuando la pandemia se apoderó del país, la administración de Trump invocó una ley de salud pública que permitía a los funcionarios fronterizos rechazar a los migrantes detenidos en la frontera, incluidos los niños, lo que resultó en un bajo número de niños no acompañados admitidos en Estados Unidos.

 

Un juez federal finalmente impidió que la administración sometiera a la política a los menores no acompañados, pero esa decisión fue revocada posteriormente por un tribunal federal de apelaciones. Sin embargo, la administración de Biden ha dicho que no expulsaría a los niños.

 

«Nuestra mejor opción, en nuestra opinión, es procesar a estos niños a través de las instalaciones del HHS donde existen protocolos de COVID, donde están seguros, donde pueden tener acceso a atención médica y educativa», dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante la rueda de prensa del jueves.

 

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Cientos de inmigrantes fueron deportados en los primeros días de gobierno de Biden   

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El gobierno del presidente Joe Biden deportó a cientos de inmigrantes en sus primeros días, a pesar de su promesa de campaña de que dejaría de expulsar a la mayoría de las personas que están ilegalmente en Estados Unidos desde el comienzo de su mandato.

 

Un juez federal le ordenó la semana pasada al gobierno de Biden que no implementara una moratoria de 100 días a las deportaciones, pero el fallo no requería que el gobierno las programara. En días recientes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a inmigrantes a cuando menos tres países: 15 personas a Jamaica el jueves 28 y 269 a Guatemala y Honduras el viernes 29 de enero. Había más vuelos de deportación programados el lunes.

 

Se desconoce cuántas de esas personas son consideradas amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad pública, o habían cruzado recientemente la frontera de forma ilegal, casos que se consideran prioritarios según las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que entraron en vigor el lunes 1 de febrero.

 

Algunas de las personas repatriadas podrían haber sido expulsadas (un proceso más rápido que la deportación) con base en una orden de salud pública que el expresidente Donald Trump invocó durante la pandemia de coronavirus y que Biden mantuvo.

 

En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, las autoridades de inmigración deportaron el viernes a una mujer que atestiguó la masacre de 22 personas en un Walmart en 2019. Ella había accedido a declarar en contra del agresor y se reunió con los fiscales locales, según sus abogados.

 

A la mujer se le marcó el alto el miércoles cuando conducía porque no le funcionaba una luz de freno a su vehículo; quedó detenida con base en citaciones previas de tránsito, y luego fue transferida al ICE, que la deportó antes de que pudiera contactar a su abogado, dijo Melissa Lopez, directora ejecutiva del organismo sin fines de lucro Diocesan Migrant & Refugee Services, que la representa.

 

La mujer es identificada sólo como Rosa porque teme por su seguridad en Ciudad Juárez, una urbe conocida por su violencia y actividad de pandillas.

 

Los registros de la cárcel confirman que Rosa fue fichada en la prisión de El Paso el miércoles y salió el viernes. El día de su arresto, el ICE emitió lo que se conoce como una “orden de detención”, con el fin de mantenerla tras las rejas por violaciones a las leyes de inmigración, de acuerdo con la policía del condado El Paso.

 

La fiscalía de distrito de esa misma ciudad confirmó el lunes en un comunicado que le había dado a los abogados de Rosa la documentación necesaria para solicitar una visa estadounidense para las víctimas de delitos. Pero en el comunicado también se afirma que Rosa “no es una víctima del caso del tiroteo en el Walmart”. La fiscalía no respondió de momento a preguntas de seguimiento.

 

Sus abogados dijeron que Rosa se declaró culpable en 2018 de conducir intoxicada y posteriormente el ICE la puso en libertad, lo que deja ver que las autoridades habían determinado durante el gobierno de Trump que la mujer no representaba una amenaza para el público, señaló López.

 

Durante la campaña presidencial, tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris se opusieron manifiestamente a las prioridades del gobierno de Trump en materia de inmigración.

 

El ICE señaló el viernes que había deportado a gente a Jamaica y que lo hizo en cumplimiento de una orden judicial de la semana pasada. La agencia no respondió a varias solicitudes para que hiciera más comentarios sobre otros vuelos de deportación o sobre el caso de Rosa.

 

Funcionarios de Honduras confirmaron que 131 personas iban a bordo de un vuelo de deportación que aterrizó el viernes. Otro vuelo que llegó a Guatemala el viernes traía a 138 personas, y se prevé que 30 personas más arriben el lunes, dijeron funcionarios locales.

 

La Casa Blanca refirió las preguntas al DHS, pero un portavoz de la agencia no respondió a las solicitudes de comentarios.

 

La representante federal demócrata Veronica Escobar, cuyo distrito incluye a El Paso, dijo que su oficina le hizo notar el caso de Rosa a la Casa Blanca.

 

“Me preocupa que el ICE siga movilizándose con rapidez antes de que el gobierno de Biden tenga una oportunidad de evaluar las cosas y proporcionar más directrices”, señaló Escobar.

 

Dos expertos en leyes dicen que, sin importar la orden del juez sobre la moratoria a las deportaciones, el ICE podría liberar a inmigrantes con órdenes de deportación, mantener gente detenida o demorar de alguna otra forma el proceso de deportación.

 

El juez federal de distrito Drew Tipton concedió la semana pasada un interdicto temporal solicitado por Texas que prohíbe la aplicación de una moratoria de 100 días a las deportaciones que había entrado en vigor el 22 de enero. Tipton dijo que el gobierno de Biden había violado la ley federal de Procedimientos Administrativos al emitir la moratoria y no había demostrado por qué era necesario hacer una pausa.

 

Tipton dijo el viernes que extenderá su orden hasta el 23 de febrero. El Departamento de Justicia aún no le pidió a Tipton ni a una corte federal de apelaciones que bloqueen la orden.

 

La Casa Blanca volvió a emitir el viernes un comunicado en el que dijo creer que la moratoria es “totalmente adecuada”, y añadió que el “presidente Biden sigue comprometido a actuar de inmediato para reformar nuestro sistema de inmigración con el fin de asegurar que conserva los valores estadounidenses al tiempo que mantiene seguras a nuestras comunidades”.

 

Se prevé que Biden emita este martes 2 de febrero una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración. Se calcula que esas órdenes incluirán la formación de una fuerza especial para reunificar a las familias separadas durante el gobierno de Trump.

 

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