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Política

Néstor Camarillo señala que recorte del 50% a prerrogativas de partidos podría no ser equitativo en elecciones

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El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina, señaló que la propuesta del Congreso de Puebla, de que los partidos políticos renuncien al 50 por ciento de sus prerrogativas debe vigilarse, porque se corre el riesgo que la intención es recortar sus presupuestos para mermar a los partidos políticos y no puedan competir en condiciones equitativas en el próximo proceso electoral.

 

Camarillo Medina, afirmó que están dispuestos a renunciar a la mitad de su presupuesto para la atención del Covid-19 pero advirtió que esto provocará el despido de su personal y dejar sin sustento a familias, señaló que este instituto político siempre ha estado comprometido en ayudar a los afectados en algún desastre natural y a los que menos tienen por lo que en esta ocasión, dijo, no será diferente.

 

“Sin duda nosotros debemos reconocer que dar el 50 por ciento de las prerrogativas en el estado nos haría dejar a muchas familias sin sustento, de todo el personal que depende del partido. No estamos en contra de que se haga esta donación, pero también no vamos a permitir que se ocupe de manera política para apretar a los partidos”, finalizó.

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Política

PAN señala a Ayuntamiento de Puebla de otro subejercicio y advierte acudir a la ASE

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El PAN podría recurrir a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que se investigue otro supuesto subejercicio en el ayuntamiento de Puebla que sería de 3 mil 592 millones de pesos este año, pues ese recurso debería destinarse para acción a favor de la ciudad.

 

En rueda de prensa virtual, la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, comentó que tenía información por parte de regidores panistas de que se daría dicha situación, por lo que estarán revisando de qué manera pueden proceder.

 

Indicó que “es lamentable” que, por segundo año consecutivo, la capital del estado vaya a tener un subejercicio y que ese recurso no se haya podido aplicar a obras que hacen falta en varias zonas del municipio, como las juntas auxiliares.

 

“Tiene la obligación la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, de dar resultados a los poblanos y por eso en distintas ocasiones le he dicho que la acompañamos, que vamos a la Fiscalía y que no se quede en argumentos, porque parece que no sabe qué hacer con el dinero”, pronunció.

 

Es necesario precisar que este domingo por la mañana, en rueda de prensa virtual, el regidor Edson Cortés Contreras resaltó que de los 6 mil 597 millones que el ayuntamiento obtuvo como presupuesto para este 2020, 3 mil 592 millones de pesos aún siguen sin ejercerse, lo que significaría un subejercicio mayor al de 2019, que fue de mil 313 millones.

 

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Política

Diputados plantean 12 años de cárcel por obligar a niños a mendigar y hasta 9 años por explotación laboral

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En Puebla se contempla imponer hasta 12 años de cárcel por obligar a menores de edad a mendigar, así como hasta 9 años por explotación laboral.

 

En el Congreso local se impulsan dos iniciativas que buscan reformar el Código Penal del estado con el fin de establecer dichas sanciones.

 

La explotación con fines de mendicidad actualmente no se castiga en el estado, así que además de la prisión se pretende sancionarla hasta con 112 mil 944 pesos de multa.

 

Para esto el diputado Raymundo Atanacio Luna (del PT) plantea agregar una fracción V al artículo 117 del código, para que dicha explotación sea considerada como una modalidad del delito de corrupción de menores.

 

“Mendicidad con fines de explotación será sancionado con prisión de siete a doce años y de setecientos a mil trescientos días de multa”, dice la reforma que propone.

 

Su iniciativa será analizada y eventualmente aprobada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

 

La explotación laboral tampoco se castiga en el estado, así que se busca tipificar esta práctica como un delito que amerite hasta 9 años de prisión.

 

La legisladora María del Carmen Saavedra Fernández plantea agregar los artículos 228 Bis y 228 Ter para abordar esta práctica, que se definiría así:

 

“Comete el delito de explotación laboral, quien, por cualquier medio, regentee, administre, induzca, obtenga un beneficio económico, despoje o retenga una parte o la totalidad del producto del trabajo, a través de la explotación de una o un menor de edad, de una persona con discapacidad o una persona adulta mayor, poniéndola a trabajar o pedir dinero en las calles, avenidas, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación. Esta conducta se sancionará de tres a seis años de prisión y multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

 

Las penas de prisión y multa antes señaladas se incrementarán en una mitad, cuando la conducta se realice respecto de dos o más sujetos pasivos, o cuando se utilice o emplee cualquier tipo de violencia, o cuando cometan el delito conjuntamente tres o más personas”, advierte la iniciativa.

 

La reforma además contempla la pérdida de la custodia o patria potestad de los menores cuando la explotación la cometan sus padres, familiares o tutores.

 

La propuesta también será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

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Política

Vladimir Luna señala que de disolver el Cabildo de Tehuacán se violentaría el Estado de Derecho

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Luego de que avanzara en comisión del Congreso local la disolución del Cabildo de Tehuacán, el PRD en Puebla manifestó que la resolución es “violatoria del Estado de Derecho”, y muestra obediencia “a conveniencia” por parte del Poder Legislativo.

 

En un comunicado firmado por el secretario de la Dirección Estatal del PRD, Vladimir Luna Porquillo, el partido calificó como “ilegal” el dictamen, además de señalar que es un “desacato” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que ésta ordenó al Congreso de Puebla abstenerse de dictar resoluciones que pudieran dictar la desaparición del ayuntamiento de Tehuacán, pues la Legislatura ha buscado su disolución por presuntas irregularidades.

 

Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la cual aprobó el dictamen que aún debe ser sometido al pleno este lunes, “le importa muy poco lo mandatado por el máximo tribunal del país”.

 

Afirmó que “no puede cerrar los ojos a este acto a todas luces violatorio del estado de derecho”, y que además violenta la seguridad jurídica de todos los poblanos.

 

Es de mencionar que el proceso de disolución del Cabildo ha sido impugnado por regidores propietarios y suplentes, así como por el edil sustituto Andrés Artemio Caballero López, quien interpuso la controversia constitucional ante la SCJN; por otra parte, el Congreso alega presuntas irregularidades que serían daños al erario por parte de funcionarios municipales.

 

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